11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
La Audiencia Provincial de Pontevedra suspendió ayer el juicio contra dos responsables de un club de Meis acusados de trata de seres humanos, por supuestamente obligar a varias mujeres a prostituirse. La decisión judicial de suspensión fue solicitada por la Fiscalía y se tomó al constatar este martes la ausencia de una testigo clave en la causa, de la que se desconoce su paradero actual. La vista ha quedado pospuesta, de momento, sin nueva fecha a la vista.
La magistrada que preside el tribunal indicó que ni siquiera la Interpol tenía constancia de la ubicación de esta persona. Según se explicó, no hay tampoco garantías de que finalmente pueda localizarse a la testigo, que no se encuentra representada legalmente en la causa. En todo caso, como la vista oral no llegó a iniciarse, no es necesario que se retome el plazo antes de treinta días.
Eso sí, la jornada en la Audiencia sirvió para que la acusación particular aprovechase para aportar unos informes psicológicos. Por su parte, el abogado de la defensa postuló que la falta de esta testigo de cargo puede conllevar una cuestión de nulidad del procedimiento.
A falta de lo que pueda ocurrir ahora con esta causa, el Ministerio Público mantiene su petición de condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club Pigalle en 2018, un hombre de nacionalidad brasileña, así como 22 años de cárcel para la mujer de origen rumana que entonces lo dirigía junto a él. También pide que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos y que, tras su salida de prisión, pasen otros quince años en libertad vigilada. Acusa a ambos de la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de inmigración clandestina con ánimo de lucro y prostitución coactiva. Al varón, además, se le acusa de un supuesto ilícito de agresión sexual a una de las mujeres.
La fiscal sostiene en su escrito que los dos acusados, de acuerdo con varias personas que residían en Venezuela, captaban mujeres de ese país y, aprovechándose de sus problemas económicos, las hacían viajar a España para ejercer la prostitución en el club, donde tres de ellas habrían sido sometidas de facto a un régimen de esclavitud, obligándolas además a asumir el coste de sus viajes a España. Todo el dinero que ganaban, hasta saldar esa deuda, se lo habrían además quedado los responsables del club, añade el Ministerio Público. Las tres mujeres, una de ellas con 18 años recién cumplidos, habrían padecido también reiteradas amenazas para que no se marcharan del club y, al menos una de las tres, habría sufrido un intento de violación por el administrador.
Agentes de la Guardia Civil liberaron a las tres víctimas en julio de 2018 tras una inspección realizada en el club ubicado en Meis. El fiscal reclama una indemnización de más de 33.000 euros para ellas.
