11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
El Ministerio Fiscal ha solicitado que se imponga una pena de quince años de cárcel a un vecino de O Grove por un delito continuado de violación.
En el escrito se explica que el acusado “ha venido ejerciendo actos atentatorios de la libertad sexual de su hija legal de un modo continuado en el tiempo, prácticamente a diario, desde finales del año 2001 y hasta el 6 de febrero de 2008”.
El inicio de estos abusos se remonta al año 2001, momento en el que el acusado se separó de su mujer, decretándose que sería el hombre el que se quedaría “como progenitor custodio de su hija legal (no biológica) -que en ese momento tenía diez años de edad- y de los hermanos de ésta, todos ellos menores de edad”.
En el escrito presentado por el Ministerio Fiscal también se recoge que a partir de ese momento “el acusado, obrando con la finalidad de satisfacer su apetito sexual, y aprovechando una situación objetiva de superioridad sobre la menor, derivada de la diferencia de edades entre ambos, y de la posición del acusado como padre legal y progenitor custodio de la misma, comenzó a llevar a cabo, de un modo cotidiano y particularmente humillante para la integridad moral de su hija” diferentes actos de naturaleza sexual “empleando en algunas ocasiones la violencia física y en otras la violencia psíquica a través de amenazas”.
La niña alcanzó una plena conciencia de estos episodios y de su significado cuando tenía trece años y el 7 de febrero de 2008 consiguió escaparse de casa “para refugiarse en casa de su madre”. Como consecuencia de estos episodios la joven sufre daños psíquicos.
Para el Ministerio Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de violación, por lo que solicita la pena de quince años de prisión para el acusado. Además, estima que procede imponer la pena accesoria de veinte años de prohibición de aproximación en un radio de 250 metros respecto de su hija y otros veinte años de prohibición de comunicación con la misma. Del mismo modo, también solicitan la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de un hijo menor de edad y una indemnización para la víctima que asciende a 60.000 euros en concepto de daños morales, por los daños psíquicos sufridos.
La vista oral se celebrará el próximo 4 de febrero en la Audiencia Provincial de Pontevedra a las 10 horas.
