8º-15º
jueves | 2 mayo | 2024
La Audiencia de Pontevedra retomó ayer el juicio contra nueve acusados de formar parte de una organización criminal que intentó introducir en Galicia algo más de tres toneladas de cocaína del narcovelero Benirrás a través de embarcaciones ligeras, lo cual se produjo en marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia y fue llamativo porque hubo una gran persecución policial por la ría, con lanzamiento de fardos al agua incluido. Tres de los procesados reconocieron los hechos, entre ellos, Antolín F.P., considerado por los investigadores como la mano derecha del acusado como cabecilla del grupo, el vilagarciano Carlos Silla. Este y los otros cinco, negaron las acusaciones.
A lo largo de la sesión, los abogados de la defensa presentaron las cuestiones preliminares en las que solicitaron la nulidad de todas las actuaciones al entender que la obtención de la información se llevó a cabo sin cobertura judicial, que hubo fraude procesal, e incluso que se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio de uno de los acusados, al subirse un agente a un muro de su residencia para ver en el interior del jardín. Uno de ellos insistió especialmente en la falta de autorización judicial a una baliza instalada en una lancha fueraborda, asegurando que fue este elemento el que activó el despliegue policial, por lo que toda la actuación debería de invalidarse.
Por su parte, el fiscal Antidroga, Pablo Varela, aseguró que dicha baliza no fue el elemento desencadenante y que apenas tuvo trascendencia en el operativo. También reprochó a los abogados que “no hubo ni la más mínima novedad en el planteamiento de su impugnación” y que “todas estas alegaciones ya fueron objeto de un pronunciamiento anterior de esta misma Audiencia”, que las desestimó.
En una larga exposición fiscal, durante la cual se durmió uno de los acusados, Varela explicó que esta investigación está “nutrida por un gran caudal de fuentes de prueba” y de “indicios ciertos y datos objetivos contrastados”. También replicó que algunas argumentaciones de las defensas contienen un “desenfoque” de la doctrina del Tribunal Supremo y criticó las “interpretaciones calumniosas de los letrados” cuando insinuaron un “supuesto contubernio entre los fuerzas policiales y la autoridad judicial”.
El tribunal resolverá todas estas cuestiones previas en la sentencia y aceptó la solicitud de cinco de los acusados para que su declaración se produzca al final de las sesiones, tras la práctica de toda la prueba. El juicio se retomará mañana con los testimonios de los cuatro acusados que pidieron declarar antes.
El Ministerio Público pide para Silla 18 años de cárcel y una multa de 360 millones de euros por considerarlo el jefe de la organización y para el resto solicita penas de 13 años y medio de prisión de reclusión y dos multas de 300 millones.
