El TSXG desestima otro recurso contra la orden de demolición de una vivienda emitida hace 17 años

Las propietarias de la vivienda sita en las inmediaciones de la Avenida de Vilariño con orden de derribo desde hace 17 años han vuelto a recurrir la decisión judicial alegando que existe una “situación de vulnerabilidad” porque sus inquilinos son personas mayores y con “enfermedades graves”, pero también que la obra es legalizable y ya han presentado un proyecto en el Concello. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha vuelto a pronunciar en contra de sus peticiones.

La obra consiste en una edificación levantada sobre un antiguo galpón y que da a una camino donde hay otra vivienda. El propietario de esta denunció los hechos indicando que se trataba de una servidumbre de su propiedad y desde 2005 pende una orden de demolición. La justicia condenó al Concello a ejecutarla, a pesar de que nunca concedió licencia municipal y llegó a parar los trabajos cuando tuvo constancia de la irregularidad.

Proyecto de derribo hecho

La última fecha que le dio fue el pasado día 1 de agosto y, de hecho, ya tiene redactado el proyecto, pero también ha solicitado al juzgado que le aclare si debe tirar toda la vivienda o solo la planta añadida antes de sacar los trabajos a licitación. En paralelo tiene en tramitación el proyecto de legalización presentado por la propiedad, según explicó el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín. Este también recordó que se trata de un asunto heredado e indicó que el gobierno actual se limita a seguir los mandatos judiciales.

En su último recurso, las dueñas alegaron ante la justicia que la edificación “se ajusta a la normativa urbanística vigente y que es legalizable y se ha solicitado licencia municipal por lo que se demolería una obra legal y legalizable”. Uno de los fundamentos de su proyecto es que el camino de la discordia fue incluido recientemente en el inventario de viales de titularidad municipal. No obstante, el TSXG desestima el argumento señalando que “no existe constancia de la existencia de legalización que pueda amparar la construcción” y que tampoco es suficiente la “mera” solicitud de un permiso. Es más, reproduce parte del contenido emitido en una sentencia suya anterior donde ya rechazó otro recurso y señalaba que “no son legalizables al no dar frente a la vía pública”, tomando como base el informe de la Policía Local de 2004, cuando se pararon las obras.

Respecto a la situación de sus inquilinos, los magistrados tampoco estiman su alegato. Señalan que el desalojo aún no está acordado y por ello “no existe aún la perentoria necesidad de que los servicios sociales intervengan” –estos ya emitieron un informe– y que “de constatarse la existencia de una situación de vulnerabilidad”, como alegan, el Ayuntamiento “deberá adoptar las medidas oportunas” y consensuar con los ocupantes la situación. Con todo, apunta que este asunto ya se había expuesto en una resolución judicial de febrero de 2021, cuando se argumentó la complicación de que encontraran una nueva vivienda con tan poco tiempo ante la situación sanitaria, pero la pandemia “ya ha transcurrido por lo que las gestiones necesariamente en buena lógica deben de estar avanzadas por los inquilinos ya ha transcurrido con creces un año”, concluye.