El futuro de los planes de pensiones ante los cambios de su fiscalidad

La situación económica actual cuestiona la viabilidad y sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y por lo tanto nuestro sistema público de pensiones. El envejecimiento de la población contextualiza las previsiones que señalan que en 2035 una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, esto unido a la disminución de la natalidad, lo que dibuja una sociedad muy distinta que la que conocemos actualmente. Ante este escenario y pronóstico parece razonable que la gente se valla planteando la contratación de un producto de ahorro a largo plazo que complemente su futura pensión, como puede ser un plan de pensiones.

Realmente, un plan de pensiones no tiene la consideración exclusiva de ser una herramienta de supervivencia, si no que es como un seguro de protección ante la posible pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias-altas, además de una herramienta que era utilizada como diferimiento de impuestos. En esencia, se administran igual que los fondos de inversión, aunque son ilíquidos ya que están enfocados hacia la jubilación.

Todo apunta a que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, se aplicará un recorte de Hacienda a los incentivos fiscales a este producto, sufriendo una importante pérdida de atractivo. Las aportaciones a título individual se pueden deducir de la base imponible de la renta, con un máximo del 30% o de 8.000 euros, importe que se reducirá el año que viene a 2.000 euros y de 2.500  a 1.000 euros las realizadas a favor del cónyuge. Sin embargo, por un intento del Gobierno de potenciar las aportaciones a los planes colectivos de empresa, se amplían el límite del conjunto con la empresa de 8.000 a 10.000 euros. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció entre los planes del Gobierno la creación de un fondo público destinado a impulsar los planes de pensiones de empleo, con el objetivo de que lleguen a cubrir alrededor de diez millones de trabajadores a medio plazo, dejando de lado a autónomos y PYMES puesto que la mayoría de estas empresas no están en situación de hacer planes de pensiones de sus empleados, ya que en este momento tanto grandes como pequeñas empresas tienen bastante con sostenerse.

Con este hachazo fiscal a los planes de pensiones, si el trámite parlamentario no lo impide, el exceso de los 2.000 euros (límite máximo deducible de las aportaciones), estará sujeto a una doble imposición, por un lado dejarían de ser deducibles y por otro seguirían sujetas a impuestos, esto no ocurre en ningún país de la OCDE, porque es inconstitucional.

Aquellas economías que garanticen un nivel de vida adecuado a sus mayores, serán sociedades fuertes, ya que dentro de cuatro o cinco legislaturas, más de un 40% del consumo de bienes de como vehículos, combustibles, productos de alimentación…procederán de mayores de 65 años. Este es un viaje que ya han hecho otros países europeos como Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Canadá o Australia. Por lo que lejos de penalizarlo, el sistema debería de incentivar estos planes de ahorro a largo plazo.

Los bancos se han mostrado críticos con el recorte en beneficios fiscales, pero buscando la rentabilidad a corto plazo, lo están utilizando desde el punto de vista comercial, anunciando que el 2020 es el último año para aprovechar las rebajas fiscales con ofertas y bonificaciones, sabiendo que a partir del 2021 debido a la pérdida de incentivos fiscales y con una economía complicada de por medio, será un producto muy complicado de comercializar.

Existe un interesante estudio, que acaba de publicar el Banco de España sobre la rentabilidad de las pensiones públicas, en el que se revela que a los ciudadanos actualmente les aporta mayor rentabilidad las pensiones públicas que el 95% de los planes de pensiones privados, aunque sea a costa del déficit creciente. 

Estamos ante una clara metamorfosis del sistema público de pensiones, en esta transición los cambios regulatorios aniquilan el poco atractivo que pudieran tener en nuestro país los planes de pensiones privados, a su vez la realidad pasa por ser necesario el ahorro para nuestras jubilaciones, vivimos en una sociedad en la que tenemos pocos hijos y más tarde, por lo que es muy probable que cuando nos jubilemos nos encontremos pagando la universidad. 

*Noelia Puceiro es la directora de INTER Asesoría