Análisis de los Presupuestos del Estado y la economía digital

Análisis de los Presupuestos del Estado y la economía digital
La Comisión Europea se encuentra ultimando una reforma legislativa centrada en los servicios digitales | Cedida Inter asesoría

Las asesorías y los ciudadanos desde el inicio de la pandemia nos enfrentamos a cambios y nuevas regulaciones, desde la manera de relacionarnos con la administración como las nuevas regulaciones en negocios digitales y e-commerce.

La recta final de 2021 no nos da un respiro al sector de las asesorías en lo relativo a la normativa y regulación de economía digital que viene impulsado por la transformación de los modelos tradicionales de negocio que se readaptan al nuevo mapa. La pandemia ha generado un cambio en el modo de consumir, siendo las compras online las lideres.

La Comisión Europea se encuentra ultimando una reforma legislativa centrada en los servicios digitales, plataformas en línea donde se van a concretar un marco normativo común. Esta reforma incluye la Digital Services Act(DSA) y la Digital Markets Act(DMA), que va a llevar a aparejada implicaciones en protección de datos creando un marco donde se puedan intercambiar datos de manera conjunta toda la Unión.

En relación a las finanzas digitales, ante el incremento de criptoactivos el Banco de España gestionará dentro de la propuesta de Reglamento sobre Mercados Criptoactivos (MICA), el registro de proveedores de servicios de cambios de criptomonedas con el fin de evitar el blanqueo de capitales y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria junto con los servicios de custodia de monederos electrónicos.

Esto se suma a la digitalización de los servicios de la Administración Pública que han provocado que el sector de asesorías haya visto su trabajo incrementado una vez más al igual que en la pandemia con los tramites de ERTE, Subvenciones, Rescates y CATAS encontrándose ahora que no sólo las empresas precisan de sus servicios sino los particulares para todo tipo de gestiones. La Administración ha limitado los trámites presenciales y los ha implantado como única vía la gestión vía digital, cada vez son más los particulares que acuden a nuestros despachos para poder realizar trámites, que a la vista pueden parecer sencillos, pero colapsan nuestro cronograma de trabajo. La digitalización de determinados trámites está generando la indefensión y prejuicios sobre los ciudadanos que en la actualidad tiene que cubrir los costes de un trámite que antes de la pandemia podían realizar personalmente, esto sumado a las incidencias informáticas que cada vez son más frecuentes y que dificultan el trabajo de nuestro sector. Dentro de estos trámites que los ciudadanos precisan está incluida mismamente la solicitud de cita previa, ya que es necesario acceder desde un terminal digital, muchos de nuestros mayores carecen de dispositivos o desconocen cómo realizar ese trámite ya que no se desenvuelven con los servicios informáticos o móviles.

Los nuevos presupuestos del Estado llevan incluida una partida para dotar a las instituciones de medios y estructura técnica para poder realizar todos estos trámites que se han implementado de manera online y que ahora mismo dado que no se encuentran informatizados o la administración carece de medios, muchos de estos trámites sufren retrasos y múltiples incidencias, las demoras superan una semana en servicios como dar de alta una demanda de empleo o la expedición del DNI.

También, con la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2022 se han hecho públicas una serie de ayudas destinadas a los jóvenes desde el Bono Alquiler para impulsar la emancipación, Becas y un Bono Cultural. No sólo los jóvenes ven incrementado la partida dineraria, sino que nuestros mayores con la previsión de subida de las pensiones.

Los presupuestos han dejado fuera el “cheque bebé” de 1200€ al año y la ampliación del descanso de paternidad/maternidad de seis meses, que se mantendrá en los cuatro meses de la actualidad.

Otro de los puntos que no se han regulado en los presupuestos son la tasa morada que recogía una reducción de IVA en los productos de higiene femenina, tipificándolos como de primera necesidad.

Dichos cambios se volverán a abordar más adelante ya que se encuentran en la agenda del Gobierno con previsión de aprobación antes de la finalización de la legislatura.

*Asesora Laboral en
INTER Asesoría

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